Alegatos: la querella pidió 23 años de prisión para Tejada

Para la mujer solicitaron 18 años. Quieren que la condena se cumpla en la cárcel y no en el domicilio.
(Fuente: Claudio Leiva - Diario de Cuyo)

La querella, integrada por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Mariano Gaitán y María Inés Bedia, pidió ayer la pena de 23 años de prisión para el ex militar Luis Alberto Tejada y 18 años de prisión para su esposa, Raquel Josefina Quinteros, acusados de ser los autores penalmente responsables de haberse apropiado y ocultado la identidad al joven Carlos Alberto Goya Martínez Aranda, hijo de desaparecidos durante la dictadura militar.La pena es sensiblemente superior a la solicitada después por los fiscales Dante Vega y Mateo Germán Bermejo, quienes pidieron 14 años de prisión para Tejada y 8 años para su esposa. La diferencia está centrada en que para la querella se cometieron distintos hechos delictivos, es decir que fueron en concurso real, con lo cual las penas por los distintos hechos se suman y se aplica la máxima sanción prevista en el Código Penal. En cambio para la fiscalía los delitos se tipifican en concurso ideal, es decir que entiende que hubo una unidad de criterio en la comisión de los delitos y sólo se aplica la pena por el delito más grave.En lo que sí coincidieron ambas partes es que la sanción, en caso de haber sentencia condenatoria, se cumpla en un establecimiento carcelario común porque hasta ahora los Tejada están con arresto domiciliario en su casa del Barrio Camus. Pero cuando haya sentencia podría haber peligro de fuga y por eso quieren que vayan al Instituto Penal de Chimbas.Los delitos que le imputan al matrimonio son retención y ocultamiento de un menor, alteración de su estado civil, uso de documento falso y falsedad ideológica de instrumento público. Otra solicitud efectuada tanto por la querella como por la fiscalía fue que se enviaran a la Justicia los antecedentes para que los hermanos del ex militar, Oscar Alfredo Tejada y María Esther Tejada, sean investigados por el delito de falso testimonio como así también por ocultamiento del menor.Según se dijo en la audiencia de ayer que, con intervalos, se prolongó desde las 10 de la mañana hasta casi las 17, lo ocurrido con el joven Goya Martínez Aranda, según el nombre establecido por sentencia judicial, no fue un hecho aislado sino que hubo una práctica de apropiación de niños durante la dictadura militar. ‘Había una pretensión de rescatar de la subversión a los niños para implantarlos en familias adeptas al proceso militar‘, dijo la abogada Bedia.Pero gracias al trabajo de Abuelas se han podido rescatar 105 chicos de un total de 500 casos que se calculan que hay en el país.Sobre la responsabilidad de Tejada, la querella sostuvo que ‘era obvio que no podía desconocer los orígenes del niño del que se apropió‘. Y sobre su mujer la querella señaló que ‘también conocía el origen del niño‘, desvirtuando así la teoría desplegada por la defensa en el juicio según la cual la mujer desconocía que Martínez Aranda era hijo de un matrimonio de desaparecidos integrado por Francisco ‘Oly‘ Goya y María Lourdes Martínez Aranda. ‘Podrá discutirse cuánto conocía Quinteros de la situación de los padres del joven, pero basta que conozca que era hijo de desaparecidos‘, dijo la querella.Sobre otro argumento utilizado por los abogados defensores Humberto Conti Pico y Eduardo San Emeterio, basado en el testimonio del joven en el sentido de que le dieron una buena vida, la querella sostuvo que ‘fue una conducta inadmisible de mentiras permanentes‘. ‘El buen trato no es un atenuante porque le impidieron conocer la verdad‘, expresó.La fiscalía hizo hincapié en que los integrantes del matrimonio Tejada llevaron adelante ‘un plan común‘ en el que cada uno ejecutó una parte. ‘La señora cuidada al niño mientras él trabajaba, pero él fue el encargado de inscribirlo‘ en el Registro Civil de Rivadavia.Para la penúltima audiencia del juicio, prevista para el martes 25 de octubre, a las 9.30, se producirá el alegato de los abogados defensores, después vendrá la réplica de las partes y luego se les dará la oportunidad a los acusados de dirigir sus últimas palabras el tribunal. Después vendrá la sentencia del juicio, el primero por delitos de lesa humanidad en San Juan.